Ya hemos comentado que el empoderamiento político y económico de las mujeres, además de enriquecer y fortalecer a sus comunidades, son dos principios básicos que colaboran activamente en la eliminación de la desigualdad entre hombres y mujeres a la vez que evita la perpetuación de esquemas que favorecen la violencia ejercida contra mujeres y niñas. Por ello es necesario establecer marcos políticos, jurídicos y educativos que afiancen el papel de la mujer, que fomenten la igualdad de género y eviten, persigan o sancionen cualquier acción discriminatoria y/o criminal por cuestión de género.

Debe ser obligación de las instituciones públicas, promover programas y normas que protejan y asienten aquellas actividades encaminadas a lograr estos fines. Por ello, ONU Mujeres trabaja con los gobiernos y organizaciones civiles para elaborar planes de acción nacionales para prevenir y abordar la violencia contra las mujeres. Pero para que la acción sea continua y significativa no podemos separar la perspectiva de género de los planteamientos políticos, económicos y sociales; no puede quedarse en una postura pasajera; no puede dejar de estar presente en las aulas, en las conversaciones de las familias, en las exigencias ciudadanas.